Prólogo: Presentación del Dr. Nicolás D´Albora al "Código Procesal Penal de la Nación"

Prólogo: Presentación del Dr. Nicolás D’Albora al “Código Procesal Penal de la Nación”

PUBLICADO EL 22 ENERO, 2015 POR THOMSON REUTERS

1. Introducción

El día 4 de diciembre de 2014 el Congreso de la Nación sancionó la ley 27.063, promulgada por el Poder Ejecutivo Nacional el día 9 de diciembre (B.O. del 10/12/2014), mediante la cual, por fin, tenemos un nuevo Código Procesal Penal de la Nación.

El sistema procesal hoy vigente —conocido como “Código Levene”— fue sancionado en el año 1991 mediante ley 23.984. Su aporte más importante fue, sin duda, la instauración del juicio oral y público. Sin embargo y como lo destacó Daniel Pastor, nació “viejo y caduco” (1). Mientras el legislador nacional copiaba el viejo código procesal de la provincia de Córdoba, los legisladores de aquélla provincia implementaban otro, con un perfil bastante similar al que acaba de presentar el Poder Ejecutivo Nacional.

A grandes rasgos el código Levene representa lo que se conoce como sistema mixto —inquisitivo durante la etapa de instrucción y con aspectos de corte acusatorio durante la etapa de debate—. Por inquisitivo se alude a la concentración de funciones de investigación y juzgamiento en cabeza de un solo órgano —el juez— y por acusatorio —formal en este caso— se refiere a la separación de aquéllas funciones, repartidas entre el juez —que juzga— y Ministerio Público Fiscal —que acusa—.

El nuevo código sancionado no sólo constituye una norma de enjuiciamiento penal acorde a nuestra Constitución, sino que también permitirá contar con una norma. Porque si el código Levene nació viejo y caduco, hoy, además, está manco y rengo.

En el prólogo a la octava edición del código procesal penal de la nación comentado pusimos hincapié en “…la necesidad imperiosa de una reforma estructural de nuestro sistema de enjuiciamiento penal que recepte los lineamientos fijados por la Corte Suprema en cuestiones transcendentes como la imparcialidad del tribunal, rol del querellante, garantía de la doble instancia, entre otros aspectos. Se trata de una cuestión no menor porque, al no recibir dicha doctrina el debido encauce legislativo, los tribunales inferiores la interpretan e implementan según su criterio y, lo que es peor, se pone a los justiciables en la incómoda situación de no saber cuál será el procedimiento legal-jurisprudencial aplicado por el juez del caso. Un colega que por primera vez ejerza el ministerio de la defensa en el orden nacional y pretenda guiarse sólo con el apoyo del código, difícilmente llegue a buen puerto en el asunto que le fue encomendado, por la preocupante razón de que dicho procedimiento, a veces, difiere sustancialmente del aplicado en los tribunales” (2).

Principalmente a partir de lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los conocidos fallos “Quiroga” (3) y “Santillán” (4).

En el primero se declaró la inconstitucionalidad del segundo párrafo del artículo 348 del código Levene, en cuanto autoriza a la Cámara de Apelaciones, en los casos en que el juez no está de acuerdo con el pedido de sobreseimiento del fiscal, a apartarlo e instruir al que designe el fiscal de Cámara, a fin de producir la elevación a juicio. Se estableció, con acierto, que este sistema de consulta resulta violatorio de la independencia del Ministerio Público y de la garantía de imparcialidad del tribunal.

A fin de que la posición desincriminante del acusador público no quedara desprovista de control, mediante resolución PGN 13/05 del 2/3/2005, el entonces Procurador General de la Nación instruyó a los fiscales a: plantear la inconstitucionalidad del segundo párrafo del art. 348 en los casos en que se pretenda su aplicación, de conformidad con la doctrina sentada por la CS en “Quiroga” (art. 1º); en los supuestos en que se haga lugar a la inconstitucionalidad referida, “…soliciten al juez competente que remita las actuaciones al señor fiscal general que actúe ante la Cámara de Apelaciones respectiva, para la decisión del conflicto…” (art. 2º).

En sus considerandos destacó que este control jerárquico interno “…no obsta a la facultad del magistrado judicial de revisar que el dictamen fiscal constituya una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias concretas del caso, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 69 del CPP de la Nación y lo dispuesto en el art. 28 de la Ley Orgánica 24.946”. Es decir, reconoció la facultad del juez de analizar la motivación del dictamen fiscal —control negativo de legalidad—.

Pero también admitió la necesidad de una reforma legislativa que adecue el art. 348 a las funciones y jerarquía que la reforma constitucional de 1994 fijó para el Ministerio Público Fiscal. Decidió entonces reeditar el proyecto de ley oportunamente enviado a la Cámara de Diputados (art. 3º).

Pero como lo señalamos en su momento, reconocer la necesidad de una reforma legislativa no es compatible con la creación de un sistema de control jerárquico interno por medio de una instrucción a los fiscales. Más allá de los atendibles motivos brindados por el Procurador General, implica asumir funciones legislativas y, lo que es peor aún, en perjuicio del imputado (5).

A casi diez años del dictado del fallo “Quiroga” la situación se mantiene igual: salvo el acotado control negativo de legalidad que puede efectuar el juez, no se estableció ningún mecanismo de revisión hacia los fiscales que, al cierre de la instrucción, solicitan el sobreseimiento del imputado. Y a ello debe sumarse que el legislador ni siquiera estableció un sistema de control para cuando, en el inicio del proceso, el fiscal requiere la desestimación de la denuncia (art. 180 del código Levene). La incorrecta aplicación analógica —art. 2— del art. 348 id. que impuso en su momento la casación (6), quedó trunca a partir de lo resuelto en “Quiroga”.

Un vacío legal similar se advierte con la situación del querellante a partir de “Santillán”.

Recordemos, en pocas palabras, que en el citado precedente la Corte resolvió que el tribunal de juicio se encuentra habilitado para dictar sentencia condenatoria, si al momento de alegar, el Ministerio Público solicitaba la absolución del imputado y el querellante la condena. La capacidad de rendimiento (7) de esta autonomía asignada al acusador particular para etapas anteriores a la del art. 393 del código Levene, llevó al dictado del fallo “Bernstein” (8), por medio del cual la Corte habilitó la elevación a juicio de un proceso ante el solo requerimiento del querellante.

Si bien el anclaje constitucional de esta doctrina es el derecho a la tutela judicial efectiva de la víctima (arts. 8 y 25 CADH), no puede negarse que el código no estaba preparado —ni lo está— para esta doctrina. La vigencia del art. 5, en cuanto instituye al Ministerio Público Fiscal como único titular de la acción pública, nos deja sin respuesta normativa acerca de si debe estar presente, en resguardo de la legalidad del proceso, durante el debate, pese a no poder acusar por no haber formulado requerimiento de elevación a juicio (9) o si, por el contrario, debe ser excluido.

Y todavía está pendiente que la Corte resuelva si el querellante puede continuar el proceso en solitario desde el inicio del proceso, cuando el fiscal no formula requerimiento de instrucción y solicita la desestimación de la denuncia. La doctrina (10) y la jurisprudencia (11) están claramente divididas.

Otro gran cimbronazo al código Levene puede advertirse en materia recursiva a través de fallos como “Giroldi” (12), “Arce” (13), “Di Nunzio” (14), “Casal” (15), “Kang” (16), “Sandoval” (17) y “Duarte” (18).

Estos ejemplos ponen en evidencia que la reforma del código era necesaria e inevitable.

2.    Reseña del nuevo código Por razones de tiempo y extensión no es esta la oportunidad para efectuar un análisis detallado de todo su articulado. Es por ello que, por el momento, sólo nos ocuparemos de destacar los rasgos que más lo distinguen del código Levene.

a.    Principios y garantías procesales

Entre ellos cabe destacar que, bajo el título “Principios del proceso acusatorio” se establece que deben observarse los principios de igualdad entre las partes, oralidad, publicidad, contradicción, concentración, inmediación, simplicidad, celeridad y desformalización (art. 2).

Se impide lo que en doctrina se denomina efecto boomerang (19) de las garantías constitucionales, al establecer que la inobservancia de una garantía no se hará valer en perjuicio del imputado (art. 11). También consagra los principios de progresividad y preclusión del fallo “Mattei” (20), al señalar que si la invalidez se fundase en la violación de una garantía establecida en favor del imputado, el procedimiento no podrá retrotraerse a etapas anteriores (art. 123, segundo párrafo).

En el marco de la garantía de plazo razonable de duración del proceso, se establece que el retardo en dictar resoluciones o las dilaciones indebidas, si fueran reiteradas, constituirá falta grave y causal de mal desempeño de los magistrados (art. 18). El proceso —salvo procedimientos especiales (21)— tendrá una duración máxima de tres años contados desde el acto de formalización de la investigación preparatoria, quedando fuera del cómputo el tiempo necesario para resolver el recurso extraordinario federal (art. 113) (22).

Se alude finalmente a la implementación del juicio por jurados establecido en los arts. 24, 75 inciso 12 y 118 CN, aunque se lo supedita a la ley especial que a tal efecto se dicte (arts. 23 y 249).

b.    Separación de funciones

Se consagra como principio general que los fiscales no pueden realizar actos propiamente jurisdiccionales y los jueces no pueden realizar actos de investigación o que impliquen el impulso de la persecución penal (art. 9). Si la doctrina emergente del fallo “Llerena” (23) fue entendida por algunos como “el juez que investiga no puede juzgar”, ahora se trata de que “el que juzga no debe investigar”.

Existen varias referencias a las funciones del juez en el sentido indicado. El art. 105 establece que no podrá suplir la actividad de las partes y deberá sujetarse a lo que han discutido (contradictorio). El art. 128, inc. c) señala que los jueces no podrán de oficio incorporar prueba alguna. Durante el debate, los jueces no pueden formular preguntas a los testigos (art. 156, párrafo tercero). No puede imponer medidas de coerción de oficio (arts. 176 y 190). Durante la investigación preparatoria no podrá consultar el legajo de investigación perteneciente al fiscal (art. 197). Le corresponde a su vez controlar el cumplimiento de los principios y garantías constitucionales y, a petición de parte, ordenar los anticipos de prueba si correspondiera, resolver excepciones y demás solicitudes propias de esta etapa (art. 199). También es el encargado de otorgarle al fiscal la prórroga para la formalización de la investigación (art. 220, párrafos tercero y cuarto) y de resolver la procedencia de las medidas probatorias solicitadas por la defensa o la querella que fueron rechazadas por el fiscal (art. 227, párrafo tercero).

Una especial mención merece la prohibición de delegación de funciones jurisdiccionales en funcionarios o empleados subalternos, censurable práctica a la que debemos desacostumbrarnos (24), al sancionar con la invalidez las actuaciones realizadas en esas condiciones y considerarlas como causal de mal desempeño en los términos de los artículos 53 y 115 CN (art. 9).

Con el objetivo de que los jueces se avoquen exclusivamente a su tarea constitucional —juzgar—, el código establece la creación de una oficina judicial, encargada —entre otros quehaceres— de organizar las audiencias, dictar los decretos de mero trámite, ordenar las comunicaciones, informar a las partes y colaborar en todos los trabajos materiales que los jueces le requieran. Nuevamente se alude a la proscripción de delegar funciones jurisdiccionales, en este caso, a la oficina judicial (art. 57).

Con relación a los fiscales, se pone a su cargo la recolección de los elementos de prueba, imponiéndosele el deber de actuar bajo los principios de objetividad y buena fe, debiendo requerir orden judicial previa sólo en los casos en los cuales el código así lo establece (25) (art. 128, inc. a). Las demás partes —querella y defensa— podrán recolectar por sí las pruebas que consideren necesarias y sólo recurrirán al fiscal o al juez si fuere necesaria su intervención (art. 128 inc. b).

c.    Disponibilidad de la acción penal

Este sea quizás uno de los cambios más importantes. Implica abandonar el principio de legalidad procesal (art. 71 CP) que impone que todas las acciones penales deban perseguirse de oficio pero que, en la práctica judicial, constituye una falacia imposible de llevar a cabo y provoca que se lleven a cabo procesos de selección de casos para perseguir sin ninguna pauta objetiva y legal.

El código permite al fiscal disponer de la acción penal pública en cuatro supuestos, salvo que el imputado fuera funcionario público y se le atribuyera un delito cometido en el ejercicio o en razón de su cargo, o cuando apareciere como un episodio dentro de un contexto de violencia doméstica o motivada en razones discriminatorias, o en supuestos que resulten incompatibles con previsiones de instrumentos internacionales, leyes o instrucciones generales del Ministerio Público Fiscal fundadas en criterios de política criminal (art. 30):

c.1 Criterios de oportunidad

El fiscal puede prescindir total o parcialmente de ejercicio de la acción pública o limitarla a alguna de las personas —divisibilidad de la acción— que intervinieron en el hecho, con la consecuente extinción de la acción penal (art. 32), en los siguientes supuestos (art. 31):

§  hecho que por su insignificancia no afectara gravemente el interés público;

§  si la intervención del imputado se estimara de menor relevancia, y pudiera corresponder pena de multa, inhabilitación o condena condicional;

§  si el imputado hubiera sufrido a consecuencia del hecho un daño físico o moral grave que tornara innecesaria y desproporcionada la aplicación de una pena (pena natural);

§  si la pena que pudiera imponerse por el hecho careciera de importancia en consideración a la sanción ya impuesta, o a la que deba esperarse por los restantes hechos investigados en el mismo u otro proceso, o a la que se impuso o se le impondría en un procedimiento tramitado en el extranjero (26);

c.2 Conversión de la acción

A pedido de la víctima la acción penal pública podrá ser convertida en acción privada en los siguientes casos (art. 33):

§  si se aplicara un criterio de oportunidad (art. 31);

§  si el Ministerio Público Fiscal solicitara el sobreseimiento al momento de la conclusión de la investigación preparatoria (27); si se tratara de un delito que requiera instancia de parte, o de lesiones culposas, siempre que el fiscal lo autorice y no exista un interés público gravemente comprometido.

Si existe pluralidad de víctimas es necesario el consentimiento de todas, aunque sólo una de ellas haya ejercido la querella.

c.3 Conciliación

Sin perjuicio de las facultades conferidas a los jueces y fiscales en el artículo 22 (28), el imputado y la víctima pueden realizar acuerdos conciliatorios en los casos de delitos con contenido patrimonial sin grave violencia sobre las personas o en los delitos culposos si no existieran lesiones gravísimas o resultado de muerte. El acuerdo se presentará ante el juez para su homologación, si correspondiere, en audiencia con todas las partes. El cumplimiento del acuerdo extingue la acción penal. En caso contrario, la víctima o el fiscal podrán solicitar la reapertura de la investigación (art. 34).

c.4 Suspensión del proceso a prueba

Los supuestos de aplicación de este instituto (art. 35) son acordes con el criterio amplio fijado por la Corte Suprema en el fallo “Acosta” (29): • cuando el delito prevea un máximo de pena de tres años de prisión y el imputado no hubiere sido condenado a pena de prisión o hubieran transcurrido cinco años desde el vencimiento de la pena.

§  cuando las circunstancias del caso permitan dejar en suspenso el cumplimiento de la condena aplicable.

§  cuando proceda la aplicación de una pena no privativa de la libertad.

Se incorpora la posibilidad de aplicar el instituto respecto del extranjero (30) en el país que haya sido sorprendido en flagrancia de un delito (31) o imputado por un delito con pena privativa de la libertad cuyo mínimo no fuere superior a tres años de prisión. La aplicación del trámite previsto en este artículo implicará la expulsión del territorio nacional, siempre que no vulnere el derecho de reunificación familiar. La expulsión dispuesta judicialmente conlleva, sin excepción, la prohibición de reingreso que no puede ser inferior a cinco años ni mayor de quince.

No es la ocasión para analizar la constitucionalidad de esta variante. Sólo queremos destacar, frente a algunos cuestionamientos que se ventilaron, que su eventual aplicación es en el marco de un procedimiento voluntario para el imputado, dirigido a evitar la realización del debate y la posibilidad que recaiga una condena en su contra.

d.    Víctima y querellante

Se amplían notablemente los derechos de la víctima no constituida en parte querellante (art.79) al permitírsele, entre otras cuestiones, examinar documentos y actuaciones (art. 79, inc. f) y, principalmente, requerir la revisión al fiscal superior de la desestimación, el archivo, la aplicación de un criterio de oportunidad o el sobreseimiento, solicitado por el fiscal (arts. 79, inc. j), 219 y 237, inc. a).

Respecto del acusador particular, el código establece la figura del querellante autónomo (art. 85), poniendo fin, de esta manera, a la discusión que, con el código vigente, todavía existe respecto a la naturaleza de su intervención, a partir de los resuelto por la Corte en “Santillán”. Se le brinda la posibilidad de formular acusación pese al pedido de sobreseimiento del fiscal, en cuyo caso la función de este cesará (arts. 237, inc. b y 239, 243, incs. a) y b).

Cabe destacar, con relación a las previsiones para la unidad de representación, la posibilidad —en caso de acuerdo entre los querellantes— que unifique representación aun cuando se trate de querellantes particulares y entidades de sector público (art. 83).

Sin perjuicio de nuestros reparos en torno a la actuación del Estado como querellante (32), expresamente reconocida a través del art. 85, párrafo tercero, estimamos que también debió preverse la unidad de representación entre el Fiscal y Estado querellante salvo, por supuesto, que no mediare identidad de intereses.

Se consideran supuestos de desistimiento tácito de la querella la no comparecencia a prestar declaración testimonial o a realizar cualquier medida de prueba para cuya producción sea necesaria su presencia, si no formulase acusación en la oportunidad procesal legalmente prevista (33) o si no concurriere a la audiencia de debate o no presentare sus conclusiones (art. 84).

e.    Medidas de coerción

Se consagra el principio nulla coactio sine lege (34) al señalar que las facultades que el código reconoce para restringir o limitar el goce de derechos reconocidos por la CN o por los instrumentos internacionales de derechos humanos deben ejercerse de conformidad con los principios de idoneidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesariedad (art. 16).

Las medidas restrictivas de la libertad sólo podrán fundarse en la existencia real de peligro de fuga u obstaculización de la investigación —peligros procesales— (art. 17).

A pedido del fiscal o querellante, el juez podrá imponer alguna/s de las medidas de coerción establecidas en el art. 177, con el fin de neutralizar el peligro procesal que el caso presente, mucho menos lesivas que la prisión preventiva.

Respecto a esta última, se establece que corresponde su dictado en función de la gravedad de las circunstancias y naturaleza del hecho (35) y de las condiciones del imputado, que sirvan para decidir los criterios de peligro de fuga o entorpecimiento del proceso previstos en el art. 185.

Se establecen pautas no taxativas de peligro de fuga: arraigo, las circunstancias y naturaleza del hecho, la pena que se espera como resultado del procedimiento, la constatación de detenciones previas (36), la posibilidad de declaración de reincidencia por delitos dolosos (37) y el comportamiento del imputado durante el procedimiento en cuestión, otro anterior o que se encuentre en trámite (38) (art. 188). Y como pautas de peligro de entorpecimiento se indican: indicios que justifiquen que destruirá, modificará, ocultará, suprimirá o falsificará elementos de prueba; influirá para que testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos (art. 189).

f.     Investigación preparatoria

f.1 Desformalización

El fiscal formará un legajo de investigación que contendrá la enumeración de los documentos y elementos de convicción recogidos, un resumen de todas las diligencias practicadas, la identidad de los sujetos intervinientes y de los entrevistados (art. 197). La querella tendrá su propio legajo que será anexado al del fiscal y, la defensa, el suyo (arts. 128 inc. b y 197, último párrafo). El legajo de investigación de la defensa no es público para las restantes partes y puede ser presentado al fiscal durante la investigación, utilizado en audiencias preliminares o al momento de la audiencia de control de la acusación (art. 200, párrafo tercero).

Sin perjuicio de sus facultades de investigación autónoma, las partes pueden proponer al fiscal diligencias en cualquier momento de la investigación preparatoria cuando se tratare de medidas cuya realización puede verse frustrada de no ser practicadas en esa oportunidad o dependiera de ellas la resolución de una medida cautelar (art. 227). También podrá requerirse el anticipo jurisdiccional de prueba en los casos previstos por el art. 229 (39).

Las actuaciones de la investigación preparatoria no tendrán valor para fundar la condena del imputado, pero sí para solicitar o fundar una medida cautelar, plantear excepciones e instar el sobreseimiento (art. 198).

Un denominador común durante toda esta etapa es la oralidad: las excepciones (art. 37) se deducen oralmente en audiencias (art. 38), también las solicitudes de saneamiento —art. 123— o nulidad —art. 125— (art. 126), objeción de las medidas que adopten el fiscal, sus auxiliares o los funcionarios policiales (art. 148), el requerimiento e imposición de una medida de coerción (art. 190), la objeción del fiscal a la intervención del querellante en el proceso (art. 209), la formalización de la investigación preparatoria (art. 221), la oposición del fiscal a que el imputado y el pretenso querellante accedan a la investigación (art. 223). El juez, por su parte, resolverá los planteos en audiencia (art. 199, párrafo segundo).

De acuerdo con el principio establecido en el art. 2, para las declaraciones testimoniales regirán las reglas del principio de desformalización, debiendo garantizarse el contenido de las mismas (art. 154, párrafo segundo).

f.2 Valoración inicial

Dentro de los quince días de iniciada la investigación, el fiscal deberá adoptar o proponer alguna de las siguientes decisiones: a) desestimación de la instancia por inexistencia de delito (40); b) archivo (41); c) aplicación de un criterio de oportunidad o disponibilidad (42); d) iniciar la investigación previa a la formalización (43); formalización de la investigación (44); la aplicación de alguno de los procedimientos especiales previstos (45) (art. 215).

f.3 Investigación previa a la formalización

El fiscal puede realizar medidas probatorias con el objetivo de satisfacer los requisitos de la formalización de la investigación. Si el imputado está individualizado, debe comunicarle la existencia del proceso.

El plazo para formalizar la investigación es de noventa días, prorrogables por el mismo término si el juez lo considera pertinente (art. 220).

f.4 Formalización de la investigación preparatoria, desarrollo y cierre 

Es el acto por el cual el fiscal comunica en audiencia (46) al imputado, en presencia del juez, el hecho que se le atribuye, su calificación jurídica, su grado de participación y los elementos de prueba con que cuenta. A partir de este momento comienza a correr el plazo de duración del proceso (47) (art. 221).

Antes de la formalización, el imputado o la víctima que haya solicitado ser tenida como querellante, pueden pedir al fiscal información sobre los hechos, las diligencias practicadas y las pendientes de ejecución. Si el fiscal se opusiere, pueden ocurrir ante el juez, quien resolverá en audiencia luego de oír por separado a las partes (art. 223).

Está obligado a formalizar la investigación cuando se encuentre cumplido el plazo de noventa días indicado en el art. 220 o cuando solicite la aplicación de la prisión preventiva (art. 222).

La etapa preparatoria tendrá una duración máxima de un año desde la formalización de la investigación (art. 232), prorrogable por hasta ciento ochenta días (art. 233) y con los supuestos de suspensión previstos en el art. 234 (rebeldía, suspensión del juicio a prueba y acuerdo reparatorio).

Finalizada la investigación preparatoria, el fiscal la declarará cerrada (art. 235) y podrá: a) solicitar el sobreseimiento (48), de manera fundada, por escrito (49) y luego en audiencia (50), de acuerdo a alguna de las causales previstas en el art. 236; b) acusar.

f.5. Acusación. Audiencia de control 

Las diferencias más sustanciales entre los requisitos que exige el art. 347 del código Levene para el requerimiento de elevación a juicio y los de la acusación regulada en el art. 241 del nuevo código son los siguientes: • el ofrecimiento de prueba que propone para el juicio (art. 241, inc. f).

§  las circunstancias de interés para determinar la pena o la medida curativa y educativa, con expresión de los medios de prueba que propone para verificarlas en el juicio sobre la pena (art. 241, inc. g).

§  el requerimiento de pena estimado, a los efectos de la determinación del juez (art. 241, inc. h).

Se permite expresamente la acusación alternativa (art. 242) (51).

Formulada la acusación, se emplazará al imputado (arts. 244) y luego la oficina judicial convocará a las partes y a la víctima a una audiencia de control de la acusación (art. 246).

Como cuestiones previas el acusado y su defensa podrán: a) señalar defectos formales de la acusación o la demanda civil; b) oponer excepciones; c) instar el sobreseimiento; d) proponer reparación, conciliación, suspensión del juicio a prueba o la aplicación del procedimiento de juicio abreviado; e) solicitar que se unifiquen los hechos objeto de las acusaciones cuando la diversidad de enfoques o circunstancias perjudiquen la defensa; f) plantear la unión o separación de juicios; f) contestar la demanda civil.

Resueltas las cuestiones preliminares, cada parte ofrecerá su prueba para las dos etapas de juicio —debate y audiencia de determinación de pena—.

Con posterioridad el juez dictará auto de apertura a juicio oral que contendrá: a) el órgano jurisdiccional competente para intervenir en el juicio oral; b) la acusación admitida; c) los hechos que se dieron por acreditados en virtud de las convenciones probatorias (52); d) la decisión fundada sobre la admisibilidad o inadmisibilidad de la prueba ofrecida para el debate y el juicio de la pena; e) los fundamentos por los cuales se rechazó, total o parcialmente, la oposición a la apertura del juicio; f ) la decisión acerca de la legitimación del querellante para habilitar la apertura del juicio o para intervenir en él y, en caso de pluralidad de querellantes, la orden de unificar personería, si fuera procedente; g) cuando el acusado soporte una medida de coerción, la decisión acerca de la subsistencia de la medida o su sustitución; h) en su caso, la indicación de cómo ha quedado trabada la litis en la demanda civil y su contestación (art. 247).

g.    Juicio 

Como se puede apreciar de lo hasta aquí expuesto, el proceso llega a manos de los jueces del debate con todo lo necesario para que comience. Ya viene decidida, en el auto de apertura del juicio y por parte del juez de garantías, la admisibilidad de la prueba a producir en el debate. Es decir, no existe en los jueces con funciones de juicio, ninguna contaminación previa, tal como ocurre actualmente a través de las disposiciones de los arts. 354 y concordantes del código Levene.

Tal es el resguardo que el nuevo código busca brindar a la imparcialidad de los jueces que llevarán a cabo el debate, que se prohíbe al órgano jurisdiccional que tome conocimiento o solicite a la oficina judicial el auto de apertura o demás constancias que aquella o el fiscal posean (art. 248, párrafo segundo).

El juicio (53) se divide en dos etapas —cesura del debate— (art. 250): en la primera, se determinará la existencia del hecho, su calificación y la responsabilidad penal del acusado (art. 261). Si hubiere veredicto de culpabilidad se pasa a la segunda, tendiente a determinar la sanción a imponer, su modalidad y lugar de cumplimiento (art. 270).

Las únicas excepciones (art. 256) a la oralidad en el debate y que permiten su incorporación por lectura son: a) las pruebas recibidas conforme a las reglas del anticipo de jurisdiccional de prueba (art. 229), siempre que no sea posible la presencia de quien participó o presenció el acto; b) la prueba documental o de informes y las certificaciones; c) los registros de declaraciones anteriores de testigos o peritos que hubieren fallecido o caído en incapacidad física o mental, o estuvieren ausentes del país, o cuya residencia se ignorare o que por cualquier motivo difícil de superar no pudieren declarar en el juicio, siempre que ellas hubieren sido recibidas notificando previamente a la defensa y en conformidad con las demás pautas establecidas en el código (54).

Toda otra prueba que se pretenda introducir al juicio por su lectura no tendrá ningún valor, sin perjuicio de la presentación de documentos al testigo, perito o al imputado para facilitar su memoria o dar explicaciones sobre lo que allí consta, previa autorización de los jueces. En todo caso, se valorarán los dichos vertidos en la audiencia (art. 256, último párrafo).

Consecuente con la oralidad y el contradictorio que pregona el nuevo código, se introduce lo que en el derecho estadounidense se conoce como opening statement (55). Al declararse abierto el debate, el fiscal y la querella deberán presentar su caso ante el tribunal, explicando el contenido de la acusación, las pruebas que producirán y la calificación legal que pretenden. Luego, se invitará al defensor a presentar su caso. No se podrá leer el acto de la acusación ni de la defensa (art. 261).

En la discusión final —alegatos— no se podrán leer memoriales, sin perjuicio de la lectura parcial de notas (art. 268).

Si el tribunal arriba a un veredicto de culpabilidad, el juez fijará audiencia de determinación de la pena (art. 270).

Se elimina el principio iura novit curia —el juez conoce el derecho— que actualmente rige a través del art. 401 del código Levene. En efecto, el art. 273 establece que la sentencia no podrá dar al hecho una calificación jurídica distinta a la de la acusación, salvo que sea en beneficio del imputado y siempre que haya sido objeto de debate.

También se extiende la prohibición de reformatio in peius a la instancia, al establecer que los jueces no podrán imponer una pena más grave que la solicitada por los acusadores (56) y deberán absolver en el caso que ambos así lo requieran (57).

h.    Procedimientos especiales 

h.1 Delitos de acción privada

Está previsto no sólo para los delitos de acción privada establecidos en el Código Penal (art. 73), sino también para los casos de conversión de la acción penal pública en privada (art. 33 del nuevo código procesal).

h.2 Procedimientos abreviados

h.2.1. Acuerdo pleno

Las diferencias más significativas con el art. 431 bis del código Levene están dadas por la posibilidad de, en caso de varios imputados, arribar a un acuerdo abreviado solamente con alguno de ellos (art. 288, párrafo tercero).

De extrema relevancia es lo establecido por el art. 289, párrafo tercero, en cuanto impone al juez asegurarse de que el imputado preste su conformidad en forma libre y voluntaria, que conozca los términos del acuerdo, sus consecuencias (58) y su derecho a exigir un juicio oral.

No vemos acertado que se mantenga el tope de seis años para su procedencia (59) (art. 288, primer párrafo). Cuanto menos debió extenderse a quince años tal como lo establece el art. 395 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires.

Se permite pactar no sólo el monto de pena sino también su forma de ejecución (art. 290, párrafo segundo).

h.2.2 Acuerdo parcial

El código introduce una nueva modalidad de acuerdo, exclusivamente sobre los hechos (art. 291). En el mismo deberá solicitarse un juicio sobre la culpabilidad y la pena. Esta modalidad de acuerdo procederá, a diferencia del acuerdo pleno, para todos los delitos.

h.2.3. Acuerdo de juicio directo

En la audiencia de formalización de la investigación preparatoria (arts. 221 a 225), las partes podrán acordar la realización del juicio directo (art. 292). Es decir, que las partes pueden acordar prescindir del desarrollo y cierre de la investigación preparatoria. Esta modalidad de acuerdo también rige para todos los delitos.

i.      Recursos

El art. 21 materializa la garantía constitucional de la doble instancia (arts. 8.2.h. CADH y 14.5 PIDCP) al señalar que toda persona tiene derecho a recurrir la sanción penal que se le haya impuesto ante otro juez o tribunal con facultades amplias para su revisión.

Se postula una organización horizontal en materia recursiva, al asignar competencia a jueces con funciones de revisión (arts. 53 y 303). Sin embargo, pareciera advertirse una inconsistencia al momento de la creación de cargos para el Ministerio Público Fiscal y de la Defensa con la misma organización vertical y en espejo a la del Poder Judicial que rige actualmente (Anexo II).

En cuanto a la impugnabilidad objetiva del imputado, se le permite recurrir (art. 305): a) la condena y la pena impuesta; b) las medidas de coerción, demás cautelares y la denegatoria de la suspensión del juicio a prueba; c) la revocatoria del sobreseimiento; d) la decisión de aplicar el procedimiento para procesos complejos (art. 293 y siguientes) y la denegatoria de dicha aplicación si ésta hubiese sido solicitada por el imputado; e) las decisiones que se tomen durante la ejecución de la pena.

En cuanto al querellante y el fiscal (arts. 306 y 308), no compartimos que se hayan ampliado sus facultades recursivas al eliminarse los límites cuantitativos para recurrir la absolución (arts. 306 y 308, inc. b), tal como sí lo establece el art. 458, inc. 1°) del código Levene, cuya constitucionalidad fue reconocida por la Corte Suprema en el fallo “Arce”. En el caso del fiscal, los límites que se le imponen (art. 308, incs. a) y c), no rigen si el imputado es funcionario público y el hecho se ha cometido en el ejercicio de la función o en ocasión de ella (art. 308, último párrafo).

Además de las decisiones impugnables señaladas, corresponde agregar al rechazo de la pretensión de constituirse en parte querellante, las decisiones sobre cuestiones de competencia, las excepciones y los procedimientos abreviados (arts. 309).

A la audiencia en la que se decidirá el recurso deben concurrir todas las partes —contradictorio— (art. 314).

 i.1 Motivos especiales para el recurso del condenado

Desde su creación la Cámara Federal de Casación Penal sostuvo que la valoración de los hechos y las pruebas pertenecen al tribunal de juicio y quedan exentas del control casatorio. Mediante esa muletilla se privó a un gran número de condenados del derecho constitucional a obtener una revisión del fallo, sacralizándose para ello la inmediación que surge del debate oral.

Esta visión restringida del recurso de casación fue cuestionada por la Corte Suprema— en el conocido fallo “Casal” (60) al señalar, entre otras cuestiones, que “…la interpretación del art. 456 del Código Procesal Penal de la Nación conforme a la teoría del máximo rendimiento, o sea, exigiendo que el tribunal competente en materia de casación agote su capacidad revisora conforme a las posibilidades y particularidades de cada caso, revisando todo lo que le sea posible revisar, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y de derecho, constituyéndolo en custodio de la correcta aplicación racional del método de reconstrucción histórica en el caso concreto, tiene por resultado un entendimiento de la ley procesal penal vigente acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y que, por otra parte, es la que impone la jurisprudencia internacional”.

El nuevo código transformó en ley esta interpretación al incorporar como motivos especiales para acudir en casación si se hubiera omitido la valoración de prueba decisiva o se hubiera valorado prueba inexistente (art. 311, inc. e) y si se hubiera, erróneamente, valorado una prueba o determinado los hechos que sustentan la sentencia condenatoria y la pena (art. 311, inc. f ). Esta posibilidad solamente es conferida al imputado ya que es el único beneficiario de la garantía constitucional de la doble instancia (61).

El inciso i) del art. 311 establece otro motivo especial a través del cual el imputado puede recurrir en casación: si se diera alguno de los supuestos que autoricen la revisión de la sentencia condenatoria firme. Esta inclusión resulta acertada ya que, como destaca Maier, “…agregarle al recurso de casación los motivos que habilitan el recurso de revisión, autorizado en forma atemporal contra la sentencia de condena, no sólo es legítimo, sino, además, político—criminalmente conveniente, pues no hay necesidad de esperar a que la sentencia quede firme para intentar su modificación o revocación por motivos graves que la inhabilitan desde el punto de vista principal de la reconstrucción fáctica” (62).

Otra de las innovaciones que presenta el nuevo código es el sexto párrafo del art. 313. Se estipula allí que si se advirtieran defectos formales en la impugnación, deberá intimarse a quien la interpuso para que en el plazo de cinco días los subsane. Pero esta posibilidad debió circunscribirse a la situación del imputado recurrente. Siendo el único beneficiario de la garantía constitucional de la doble instancia, sólo a él debiera conferirse la posibilidad de subsanar los defectos formales que pudiera presentar el recurso (63), a fin de que la revisión de la condena sea efectiva y no una mera facultad sujeta al desempeño del letrado que ejerce el ministerio de la defensa (64).

i.2 Recurso y producción de prueba

Un párrafo aparte merece la posibilidad de que el impugnante requiera la producción de prueba (art. 314, párrafo tercero).

La posibilidad de producir prueba en el ámbito recursivo de manera tal de permitir una verdadera revisión integral (65) de la sentencia condenatoria ya había sido exigida por Daniel Pastor, al señalar que la casación tiene que “descender” a los hechos y “mancharse las manos” para comprobarlos, a través del procedimiento probatorio para ello necesario (66). Pero este ingreso a los hechos es solo para el recurso del imputado. No para los acusadores. Que la garantía de la doble instancia beneficia sólo al imputado es una “…cuestión que no es problemática ni para el más dormido” (67).

i.3 Sentencia

Los arts. 316 y 317 del nuevo código modifican ostensiblemente el sistema de casación positiva y negativa que el código Levene regula a través de los arts. 470 y 471.

El art. 316, segundo párrafo, establece que si de la correcta aplicación de la ley resultara la absolución del acusado, la extinción de la acción penal, o fuere evidente que para dictar una nueva sentencia no será necesaria la realización de un nuevo juicio, el órgano jurisdiccional resolverá directamente sin reenvío.

Es decir, la regla es el ejercicio de competencia positiva y, la excepción, el reenvío (criterio enfatizado en el art. 317, párrafo primero).

Se garantiza el derecho al recurso de la persona que resulta condenada por los jueces de revisión —por prosperar un recurso acusador contra la absolución—, al permitir su revisión ante otros tres jueces (68).

El límite de la reformatio in peius se ve protegido al señalarse que si existe reenvío, en el nuevo juicio no podrá aplicarse una pena superior a la impuesta en el primero (art. 317, párrafo segundo).

Por otra parte, se garantiza la imparcialidad impidiéndose que en el nuevo juicio —ordenado como consecuencia del reenvío— intervengan los jueces que conocieron del primero (art. 317, párrafo primero).

Se establece por último que si en el nuevo juicio se obtiene una segunda absolución, esta decisión no será susceptible de impugnación alguna (art. 317, párrafo tercero). Si bien resulta loable que se fije una barrera a la reiteración indiscriminada de juicios merced a recursos acusatorios, creemos que el nuevo código, en este aspecto, no avanzó todo lo que sería recomendable.

Es que si se considera que la garantía contra el ne bis in idem protege también al imputado absuelto contra la posibilidad de que el acusador —sea por deficiencias propias o del Tribunal— logre la realización de un nuevo debate (69), el código impediría el ter in idem pero autorizaría el bis in idem. Esta aparente inconsistencia sólo estaría justificada si el legislador adhiriera a la postura que señala que “no parece… que, por aplicación del principio non bis in idem, toda sentencia absolutoria sea irrecurrible, pues dicho principio impide la doble persecución penal en causas sucesivas pero en modo alguno el doble grado de conocimiento dentro de un proceso único” (70). De ser así, el único fundamento por el cual se impide la impugnación de la segunda sentencia absolutoria parecería ser la preservación del plazo razonable de duración del proceso.

  

i.4 Revisión de sentencia condenatoria firme

Aquí creemos importante efectuar una observación. La inclusión como motivo de revisión “cuando la sentencia condenatoria hubiera sido pronunciada a consecuencia de prevaricato, cohecho u otro delito cuya existencia se hubiese declarado en fallo posterior irrevocable” (art. 318, inc. c), debiera ser el único supuesto en el que la impugnabilidad subjetiva de este recurso se extienda también al acusador.

Es que si se comprueba en una sentencia irrevocable que en el juicio absolutorio hubo fraude o connivencia (71), la reapertura del juicio simulado (sham trial) no importaría una doble persecución penal, porque un juicio realizado en esas condiciones es considerado una ficción toda vez que el acusado no estuvo en ningún momento en peligro de ser encontrado culpable de ningún delito (72).

j.      Ejecución

Respecto de esta etapa vale la pena destacar dos cuestiones.

La primera, el reconocimiento a la víctima de ser informada y escuchada respecto del cualquier forma de liberación anticipada del condenado (art. 325).

La segunda que el nuevo código pone fin a la confusión existente entre ejecutoriedad y firmeza de la condena que hoy persiste (73), al señalar que sólo podrán ser ejecutadas las sentencias firmes (art. 327).

III. Conclusión

Luego de lo expuesto no cabe duda que nuestra posición es en general favorable a la sanción del nuevo código procesal penal, con las discrepancias que formulamos a lo largo de este comentario.

Pero aún queda mucho camino por recorrer. Su entrada en vigencia está supeditada a un aspecto troncal que definirá el espíritu, la eficacia y el funcionamiento del nuevo código: la sanción de las leyes de organización judicial y del ministerio público —fiscal y de la defensa— (art. 3° Ley 27.063).

(1)   Código Levene; “¿Nacerá viejo y caduco?”, en No hay Derecho, As., 1992, n° 6.

(2) D’Albora, Francisco (+), Código Procesal Penal de la Nación. Anotado. Comentado. Concordado” AbeledoPerrot, actualizado por Nicolás F. D’Albora.

(3) Fallos: 327:5863.

(4) Fallos: 321:2021.

(5) Código Procesal Penal de la Nación…, 9ª edición, p. 640. En similar sentido, CCC, sala I, 12/11/2003, “Hidalgo”, c. 21.876; CFed., sala I, 29/6/2005, “AFIP”, www.eldial.com.ar del 1/7/2005; CNPE, sala A, 8/2/2006, “Icys”, SJP, LL del 27/4/2006, p. 84; consultar el trabajo de Suriz, “La elevación en consulta como actividad requirente del Juez de Instrucción”, SJP, LL del 26/7/2007, p. 12, en el que se citan criterios concordantes de la CNCP; en contra, admite este mecanismo CCC, sala VII, 24/2/2005, “Cucho Muñoz”, SJP, LL del 29/4/2005, p. 32; TOC nro. 10, 7/8/2007, “Pelozo”, RDP, LexisNexis, p. 2394, citado por Bazano – Miño, “Actualidad en la jurisprudencia de los Tribunales Orales 4-2007”; CNCP, sala III, 24/11/2008, “Kalstein”, RDP, AbeledoPerrot, 6/2009, p. 1081.

(6) CFCP, Sala II, “Blanca Ávila”, LL 1994-A-363, f. 91.979.

(7) Correctamente advertida por Santiago Martínez en “El querellante en el proceso penal… Y después de ‘Santillán’, ¿qué?”; CDJP, 10-A, ps. 453/477.

(8) 29/4/2008, “Bernstein, Jorge Héctor y otros s/ recurso extraordinario”, B.505.XLIII.

(9) Fallos: 329:2596.

(10) A favor, Francisco Castex, “¿Y al agente fiscal quién lo controla?”, SJP, LL del 28/2/2006, p. 32; “El derecho a la venganza (legal) y sus límites”, SJP, LL del 30/11/2006, p. 21. En contra, Miguel Almeyra, “¿Querellante autónomo o adhesivo? Dos palabras acerca del ejercicio de la acción penal pública por la víctima”, SJP, LL del 29/2/2005, p. 16; “Límites al derecho a la venganza legal —o quien puede promover la persecución penal—”.

(11) A favor, CFCP, sala I, 8/2/2006, “López González”, SJP, LL del 27/4/2006, p. 77; id., id., “Pacheco”, citado por Inchausti-Mángano-Rodríguez Ponte, “Actualidad en jurisprudencia de la Cámara Nacional de Casación Penal 1-2010”, RDP, AbeledoPerrot, 3/2010, p. 490 o SJP, LL, del 16/2/2010, p. 53. En contra, CFed., sala I, 1/9/2005, “H., T.”, SJP, LL del 28/2/2006, p. 32; CCC, sala V, 2/5/2006, “De Santis”, JA del 26/7/2006, p. 90; SJP, LL del 30/12/2006, p. 56; CCC, Sala I, SJP, LL, 16/4/2010; CFCP, Sala III, SJP, LL, del 16/4/2010, p. 51.

(12) Fallos: 318:514.

(13) Fallos: 320:2145.

(14) Fallos: 328:1108.

(15) Fallos: 328:3399.

(16) Fallos: 334:1882.

(17) Fallos: 333:1687.

(18) CS, D.429.XLVIII “Duarte, Felicia s/recurso de casación”, rta. el 5/8/2014.

(19) Ver, en ese sentido, el trabajo de Daniel Pastor, “Recurso de casación y anulación de oficio”, NDP, 1997/B, pp. 669 y sgtes., donde se refiere al problema bajo la denominación de “interpretación perversa de las garantías”, por el efecto que tienen para los derechos del imputado.

(20) Fallos: 272:188.

(21) Arts. 293 y 294.

(22) El incumplimiento de este plazo hará incurrir al juez y al fiscal en falta grave y causal de mal desempeño.

(23) Fallos: 328:1491. Cuya doctrina es receptada en el nuevo código a través del art. 59, inc. b).

(24) SJP, LL del 30/8/2004, f. 107.971; con nota favorable de Martínez, Santiago “Delegación de funciones y rol de los jueces en un Estado Democrático de Derecho”, o RDP, LexisNexis, nro. 4, p. 757, con nota favorable de ORCE, Guillermo “Declaración indagatoria sin la presencia del juez. Garantía constitucional y deber funcional”.

(25) Requisa (art. 130), allanamiento (art. 133; cabe destacar la expresa mención de que la orden judicial no podrá ser suplida por el consentimiento de quien habita el lugar), interceptación (art. 143); incautación de datos (art. 144), obtención de ADN en caso que la persona objeto de examen se niegue (art. 169), reconocimiento en rueda (art. 171), exámenes corporales en caso que la persona objeto de examen se niegue (art. 175).

(26) Si a una persona se le imputan 20 hechos de estafa (art. 172 CP), no tiene ningún sentido perseguir su totalidad si por el máximo de la pena que se puede llegar a imponer, a partir de las reglas de concurso real (art. 55 CP), no va a poder resultar superior a 50 años de prisión. Desde el punto de vista de la eficacia en la persecución penal y una correcta administración de los recursos humanos, basta con perseguir 9 de los hechos imputados.

(27) Dándose así un cauce normativo a lo resuelto por la Corte Suprema en el fallo “Bernstein”, ya citado.

(28) “Los jueces y los representantes del Ministerio Público procurarán resolver el conflicto surgido a consecuencia del hecho punible, dando preferencia a las soluciones que mejor se adecuen al restablecimiento de la armonía entre sus protagonistas y a la paz social”.

(29) Fallos: 331:858.

(30) Se eliminó la frase “…en situación irregular…” prevista en el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo Nacional.

(31) Art. 184: “Habrá flagrancia si el autor del delito fuera sorprendido en el momento de intentarlo, cometerlo, inmediatamente después, si fuera perseguido o tuviera objetos o presentase rastros que permitieran sostener razonablemente que acaba de participar en un delito”.

(32) Código Procesal Penal de la Nación…, op. cit., p. 165.

(33) Sobre las distintas posturas asumidas respecto del Código vigente por algunos tribunales orales, ver Bazano – Miño, “Actualidad en la jurisprudencia de los Tribunales Orales 3-2007”, RDP, LexisNexis, 10/2007, p. 1931; Fernando – Sevillano, “Actualidad en jurisprudencia de los Tribunales Orales 2-2008”, RDP, AbeledoPerrot, 8/2008, p. 1393. En contra de la separación, CCC, sala VII, 6/2/2007, “Najblat”, c. 30.858, difundido por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia, CCC.

(34) Bruzzone, Gustavo “La nulla coactio sine lege como pauta de trabajo en materia de medidas de coerción en el proceso penal”, en AA.VV., “La justicia penal hoy. De su crisis a la búsqueda de soluciones”, Di Plácido, Buenos Aires, 2000.

(35) Con acierto, el legislador suprimió la referencia a la “…conmoción social del hecho…”, cuya crítica habíamos formulado al proyecto original (Nicolás. F. D’Albora, “La necesaria reforma del Código Procesal Penal de la Nación (Una nueva oportunidad para saldar una deuda pendiente”, Diario LL, del 3/11/2014, p. 4).

(36) Supuesto que no estaba incluido en el proyecto original.

(37) Aclaración que no estaba prevista en el proyecto original.

(38) El proyecto original sólo aludía al procedimiento en cierne.

(39) a) Si se tratara de un acto que, por las circunstancias o por la naturaleza y características de la medida, debiera ser considerado como un acto definitivo e irreproducible; b) si se tratara de una declaración que probablemente no pudiera recibirse durante el juicio; c) si por la complejidad del asunto existiera la probabilidad de que el testigo olvidara circunstancias esenciales sobre lo que co­noce; d) si el imputado estuviera prófugo, fuera incapaz o existiera un obstáculo constitucional y se temiera que el transcurso del tiempo pudiera dificultar la conservación de la prueba.
(40) Art. 216.
(41) Art. 217.
(42) Art. 218.

(43) Art. 220.

(44) Art. 221 y cc.

(45) Previstos en el Libro II, Procedimientos Especiales.

(46) Art. 224.

(47) Tres años, según lo dispuesto en el art. 113.

(48) En los casos en que se trate de delitos de trascendencia pública, crimen organizado o hayan intervenido funcionarios públicos, el fiscal deberá contar con el acuerdo del fiscal revisor para solicitar el sobreseimiento al juez con funciones de garantías (art. 238).

(49) Art. 237.

(50) Art. 239.

(51) CS, L.L., SJP del 30/V/2003, f. 105.571. Consultar el trabajo de Nicolás Guzmán, “La acusación fiscal alternativa o subsidiaria. Reflexiones en torno a su validez lógica y jurídica”, RDP y PP, LexisNexis 10/2006. p. 1877.

(52) Requisito que no se encontraba presente en el proyecto original.

(53) La audiencia será grabada en forma total mediante soporte de audio o video (art. 276, último párrafo).

(54) Fallos: 329:5556. Este inciso no estaba previsto en el proyecto original. Su incorporación parece entrar en tensión con lo establecido en los arts. 2 (desformalización) 154, párrafo segundo y 198 del código.

(55) Guzmán, Nicolás, La verdad en el proceso penal. Una contribución a la epistemología jurídica, Del Puerto, 2ª edición, Bs. As. 2011, p. 158.

(56) Fallos: 330:2658 (disidencia de los jueces Lorenzetti y Zaffaroni).

(57) Fallos: 327:120 y “Santillán”, ya citado.

(58) Bruzzone, Gustavo y D’Albora, Nicolás, “Juicio abreviado y derecho al recurso”, en Jurisprudencia penal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Pitlevnik, Leonardo (Director), Hammurabi, N° 17, ps. 25/80.

(59) Bruzzone, G., “Hacia un juicio abreviado sin ‘tope’ y otras adecuaciones constitucionales” y sus citas, en el libro El procedimiento abreviado, VVAA, Maier y Bovino coordinadores, Editores del Puerto, Bs. As., 2001; también en: Estudios en homenaje al Dr. Francisco D’Albora, VVAA, LexisNexis, Abeledo Perrot, Bs. As., 2005, pp. 229 y sgtes.

(60) Fallos: 328:3399.

(61) Fallos: 320:2145 “Arce”.

(62) Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos, Ed. Del Puerto, Bs. As. 1996, p. 722.

(63) Maier señaló al respecto que “Una reforma correcta…debería permitir al tribunal de casación, antes de declarar improcedente el recurso por razones meramente formales, advertir al recurrente acerca de las deficiencias del planteo, para que lo complete convenientemente antes de decidir sobre su procedencia”, Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos, Ed. Del Puerto, Bs. As. 1996, p. 727.

(64) Fallos 5:459; 192:152; 237:158; 255:91 y 311:2505. La CS aplicó este principio al ámbito recursivo en Fallos 327:5095. En el mismo sentido, CFCP, Sala III, causa 6385 “Blanco, Diego A. s/recurso de queja”, voto en disidencia de la jueza Ángela Ledesma, rta. el 2/III/2006.

(65) Corte Interamericana de Derechos Humanos, “Herrera Ulloa”, del 2/7/2004.

(66) “La nueva imagen de la casación penal”, Ad-Hoc, Bs. As., 2001, p. 197.

(67) Pastor, op. cit., p. 131.

(68) CS, fallo “Duarte”, ya citado.

(69) Ver nuestros trabajos, “Facultades recursivas del acusador en los sistemas procesales estadounidense y argentino: el límite de la doble persecución penal”, CDJP, Casación Nº 2, ps. 567/588; “El fallo ‘Kang’: ¿Hacia una visión amplia del ne bis in idem en el ámbito recursivo?”, CDJP, Casación, Nº 6 (en prensa).

(70) Palacio, Lino E. “La sentencia penal absolutoria y la garantía de la doble instancia”, LL, SJP, 27/IX/1999, p. 1. En el mismo sentido, voto en disidencia de los jueces Holmes, White y McKenna , “Kepner v. United States”, 195 US 100, del 31/V/1904.

(71) US, “People v. Aleman” —en este caso se comprobó que el imputado había sobornado al juez—, citado por la corte norteamericana en “People v. Deems”, 81 I11.2d 384.

(72) “Facultades recursivas del acusador en los sistemas procesales estadounidense y argentino: el límite de la doble persecución penal”, ya citado.

(73) D’Albora, Nicolás “Ejecutoriedad de la sentencia condenatoria a pena privativa de la libertad no firme”, XXVII Congreso Nacional de Derecho Procesal, Córdoba 2013, Rubinzal-Culzoni, ps. 190/200.